Si algo ha dejado claro la reunión del Grupo de Trabajo es que el sector agroalimentario español es una actividad estratégica cuya solidez quedó sobradamente demostrada durante la pandemia pero que hay que potenciar mediante inversiones y planes de futuro. Los distintos intervinientes han coincidido en señalar la necesidad de dotar al sector de más y mejores infraestructuras, de más redes logísticas y de potenciar las actividades de transformación agraria en polos económicos rurales que fijen población y faciliten el desarrollo del resto de actividades económicas.
Pero también ha quedado claro que de nada sirve contar con un sector económicamente sólido con potencial para convertirse en motor económico si este no se asienta en unas condiciones laborales bien reguladas, empleos con derechos y salarios dignos.
Situación del sector Agroalimentario
Si tenemos en cuenta el transporte, el almacenamiento y la distribución, el sistema agroalimentario español supone el 10,6% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española, o el 9,7% en términos de PIB. Mientras que la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial, según el INE, con 168.219,2 M€ de cifra de negocios lo que representa el 23,8% del sector manufacturero, el 23,3% de las personas ocupadas (434.688 personas afiliadas a la seguridad social) y el 18,2% del valor añadido, la producción del sector Agrario representa como media el 2,9% del total del VAB nacional, el que menos contribuye al VAB de España, y da empleo a 739.376 personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social.
España es una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios. A nivel global, ocupa la octava posición en el ranking de países exportadores de productos agrícolas, con una cuota del 3,2%. Dentro de la UE, es la cuarta economía exportadora en valor, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia.
Al mismo tiempo, el sector agrario se ha visto muy afectado en los últimos años por factores como la sequía, que ha venido repercutiendo en el empleo reflejándose en tasas negativas de crecimiento interanual, reduciendo el rendimiento de las cosechas, o como el aumento de los costes de producción, agravado por la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, que incrementó el precio de los insumos agrícolas.
Negociación Colectiva
De acuerdo con el informe elaborado por el Gabinete Técnico de UGT FICA, la estructura la negociación colectiva en el sector de Alimentación y Bebidas se articula a través de 15 convenios de sector de ámbito estatal y 222 convenios de sector de ámbito provincial y/o autonómico del sector Agrario y de la Industria Alimentaria. Por lo que se refiere al sector Agrario, la negociación colectiva se desarrolla a nivel de Comunidad Autónoma y, en mayor medida, provincial (a través de 60 convenios, algunos de los cuales no se han renovado desde hace años), que afecta a 759.282 personas trabajadoras, sin que exista un Convenio de ámbito estatal, que constituye uno de nuestros grandes retos sindicales para dignificar el sector, proteger a todos los trabajadores y trabajadoras agrarios y homogeneizar sus condiciones laborales evitando el dumping social entre regiones y la competitividad a base de salarios precarios.
Inteligencia Artificial y automatización
El estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid y presentado durante las jornadas, resalta que la inteligencia artificial no solo está cambiando cómo producimos, sino cómo vivimos y nos alimentamos, por lo que hay considerarla no solo como una tecnología emergente, sino como una fuerza motriz para el futuro de la agricultura. El peligro en torno a la IA estriba en su aplicación desde una perspectiva no ética, y asegurar que sus beneficios lleguen a todos y no generen desigualdades. Para ello es imprescindible, entre otras medidas, que los convenios incluyan cláusulas que obliguen a que la recolección y uso de los datos en el trabajo por parte de las aplicaciones digitales deben estar determinados a través de los acuerdos colectivos, además de incluir cláusulas en los convenios colectivos encaminadas a garantizar la responsabilidad en el uso de la IA y las tecnologías inteligentes.
Condicionalidad social de la PAC y PERTE Agroalimentario
España ha empezado a aplicar en 2024 la condicionalidad social de la PAC, por la que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte de las subvenciones. A través de ella, los empresarios tendrán que cumplir una serie de prácticas como: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, el deber de garantizar la seguridad de los empleados, así como de proporcionar servicios de prevención. También proporcionar información a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad de su labor; la ergonomía; garantizar equipos de trabajo adecuados o la limitación del uso de equipaciones que entrañen riesgos específicos.
La condicionalidad social representa una oportunidad para reforzar la cultura laboral en el sector Agrario, por lo que confiamos en que dé lugar a un contexto más atractivo para los jóvenes y un refuerzo de la demografía rural.
Desde UGT FICA exigimos mayor participación sindical en el seguimiento de la condicionalidad social de la PAC y de las sanciones que se deriven de su infracción.
Por otro lado, celebramos la oportunidad que representa el PERTE Agroalimentario, que acaba de llegar a su segunda edición, para acelerar la innovación en la industria agroalimentaria en su sentido más amplio. Confiamos en que cubra las necesidades del sector para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, impulse la digitalización y la sostenibilidad de sus procesos, fortaleciendo así la cadena de valor y la competitividad de todo el ecosistema.
UGT FICA considera que el PERTE ha de articularse a través del diálogo social posibilitando la participación activa de los agentes sociales a la hora de decidir los objetivos, el diseño, la distribución y la gestión de las inversiones aprobadas.
La clausura de la reunión del grupo de trabajo ha finalizado con la intervención del secretario de Acción Sindical de UGT FICA, José Antonio Pasadas, quien ha apostado por la digitalización del sector agroalimentario con una sólida base de personas jóvenes con conocimientos y ganas que quieran apostar por proyectos innovadores para modernizar la agroalimentación y que ésta gane en eficiencia y competitividad. Pero para "atraer a la juventud hacia el medio rural hace falta crear el ecosistema necesario", ha insistido Pasadas, "es decir, hacen falta empleos dignos y con derechos". Sólo así, con savia nueva, se podrán acometer nuevos proyectos desde la innovación, la tecnología y el conocimiento para avanzar hacia la digitalización desde una perspectiva ecológica.