El documento, que va a ser remitido a las instituciones europeas, subraya la necesidad de excluir a la conserva de atún del ámbito de los acuerdos comerciales ante la falta de igualdad de condiciones y el impacto negativo en el empleo de regiones costeras de Portugal, España e Italia
Las organizaciones empresariales ANFACO-CECOPESCA (España) y ANICP (Portugal), junto con los sindicatos UGT-FICA (España), FAI-CISL (Italia) y UGT (Portugal), han firmado hoy en Santiago de Compostela una Declaración Conjunta para salvaguardar la industria europea de la conserva de pescado y marisco frente a la amenaza por competencia desleal, en particular en el ámbito de la conserva de atún, que viene originada por los procesos negociadores abiertos para la celebración de acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea con los países miembros de la región ASEAN, especialmente Tailandia. El contenido de la declaración puede consultarse en el siguiente enlace.
Esta declaración subraya la necesidad de excluir a la conserva de atún del ámbito de los acuerdos comerciales ante una falta evidente de level playing field, y por el impacto tremendamente negativo en el empleo de regiones costeras situadas principalmente en Portugal, España e Italia.
En las imágenes, de izda a derecha, Massimiliano Albanese (FAI-CISL), Sebastián Serena (UGT FICA), Roberto Alonso ANFACO CECOPESCA) y Jose Freitas (ANICP).
Una industria estratégica bajo amenaza
Solo el sector de la conserva de atún en Europa genera más de 20.000 empleos, siendo el atún el principal producto de esta industria, que representa el 70% de la producción total.
Además, es una fuente imprescindible de trabajo en regiones costeras dependientes de la pesca, con una gran presencia de personal femenino en la franja de 40-64 años. Solo en España, unas 12.000 familias dependen directamente de esta industria.
La declaración firmada por las organizaciones representantes del sector mar-industria y los sindicatos advierte de los peligros que supone la celebración de acuerdos de libre comercio con terceros países, como Tailandia, que no cumplen con los estándares europeos en materia laboral, medioambiental y sanitaria.
Tailandia es el primer productor mundial de conservas y preparaciones de atún, con una producción superior a 500.000 toneladas anuales, presentando evidentes muestras de duda en su cumplimiento.
Se estima que hasta el 45% del atún desembarcado en Tailandia no sería apto para su comercialización actual en la UE debido a la falta de cumplimiento de las disposiciones europeas en materia de lucha contra la pesca ilegal (INDNR) o a la falta de autorización sanitaria para la exportación a la UE. Además, no tiene ratificado convenios fundamentales en materia de derechos humanos, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, o en materia laboral, como el Convenio sobre la Libertad Sindical o el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.
Un estudio de impacto socioeconómico realizado por la consultora EPPA, S.A., analizó el impacto de la inclusión del atún en el futuro acuerdo de libre comercio entre la UE y Tailandia, estimando que, en un periodo de 10 años, la industria tendría unas pérdidas de ingresos de más de 805 millones de euros, y una pérdida de 4.665 empleos a tiempo completo.
Bruselas debe defender enérgicamente a los productos considerados sensibles
Los agentes sociales abogan por acuerdos comerciales equitativos, fundamentados en rigurosos estudios de impacto que consideren la opinión de todos los sectores implicados. Deben promoverse los procesos de internacionalización, que no de deslocalización, como medio para asegurar el crecimiento y la consolidación de las industrias en territorio comunitario.
Por ello, si bien la conserva de atún es considerada en política comercial un producto sensible, la realidad es que no se defiende de forma eficaz. El precedente con Vietnam (región ASEAN) muestra una liberalización técnica a la entrada en vigor del acuerdo al otorgarse un contingente de 11.500 toneladas, las mismas que exportaba como media previamente, pese a contar con una tarjeta amarilla por pesca ilegal. Es decir, se introduce un “caballo de troya” en cada negociación contra los intereses del sector europeo, con un contingente que se podría ver incrementado en futuras modernizaciones del acuerdo UE-Vietnam.
En resumen, la declaración pretende visibilizar esta problemática que atenta contra los estándares sociales y empleo de las fábricas europeas, solicitando una defensa de la industria y una consideración estratégica de la conserva de atún.
