La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha vuelto a exigir hoy el derecho de los y las trabajadoras eventuales del sector agropecuario a percibir la prestación por desempleo en toda su extensión y a corregir, de una vez por todas, una desigualdad social que UGT FICA viene denunciando desde el año 2011, cuando se produjo la integración de las/os trabajadoras/es por cuenta ajena del REAAS en el RESS.

Hay que recordar que el Real Decreto 7/2023, de 19 de diciembre, incluyó un paquete de medidas que venían a favorecer al colectivo de personas del sector agrario y que por la oposición a su aprobación del PP, VOX y PODEMOS, estas medidas decayeron, como la ampliación del subsidio de desempleo a los temporeros y temporeras, o la prórroga de la reducción de jornadas para tener derecho a la renta agraria o subsidio agrario en Andalucia y Extremadura.

De esta forma, más de 250.000 trabajadoras/es eventuales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura, siguen estando al margen del subsidio por desempleo del que se benefician los trabajadores y trabajadoras del régimen general de la Seguridad Social.

A pesar de que el agrario es un sector estratégico para nuestro país, y de que la producción de alimentos, ya sea para consumo humano o animal, es fundamental para mantener la autonomía de España, “el colectivo de eventuales agrarios sigue sufriendo hoy en día la discriminación laboral y el tratamiento de trabajadores de segunda categoría”, según denuncia Sebastián Serena, secretario del sector Agroalimentario de UGT FICA, quien asegura que “venimos combatiendo y denunciado desde 2011 este agravio laboral en todos los foros, reuniones y mesas de negociación y ya es ahora de poner pie en pared y corregir una discriminación que padecen los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de nuestro mercado laboral”.

Por otro lado, Sebastián Serena pone también el acento en que, en la no convalidación de este Real Decreto por los votos en contra de PP, PODEMOS y VOX, se incluía la prórroga por la que se rebajaba el número de jornadas necesarias para poder acceder al subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura de 35 a 10 como resultado consecuencia de la sequía y la consecuente caída en las horas trabajadas en el campo, lo que supone que miles de temporeros y temporeras andaluces y extremeños necesitan desde el pasado 11 de enero 35 jornadas para poder percibir la renta agraria. Esta exigencia está provocando, en principio, la no aprobación de la solicitud y posterior denegación de miles de solicitudes. Por ello, Sebastián Serena insta a “una solución URGENTE”, ya que es inaplazable retomar la aprobación del RD 7/2023 para que ninguna persona trabajadora se quede sin derecho al subsidio o renta agraria por la falta de jornales como, en este caso, consecuencia de la sequía”.

Es de esperar que en esta legislatura puedan cumplirse otras importantes reivindicaciones de la Federación, como la aprobación definitiva de la modificación del Real Decreto 939/1997, que hará más eficaz la distribución de los fondos AEPSA creando empleo estable de verdad y haciendo cumplir el objetivo para el fueron creados, como es el de facilitar la contratación de trabajadores agrarios desempleados para realizar obras y servicios de interés general y social en las corporaciones locales.

Desde la Federación vamos a seguir reclamando una modificación legislativa para regular definitivamente la declaración de las jornadas reales trabajadas de las personas trabajadoras por cuenta ajena. UGT FICA entiende que no es de recibo que, a estas alturas del siglo, estos trabajadores, además de ser los peor pagados del conjunto de la economía española, tengan que luchar contra la picaresca en los fraudes en la contratación y en la declaración de las jornadas que realmente trabajan.

Finalmente, desde la Federación consideramos prioritario conseguir un Convenio Estatal del Campo que proteja a todos los trabajadores y trabajadoras agrarios y homogenice sus condiciones laborales evitando el dumping social entre regiones y la competitividad a base de salarios precarios. En la actualidad hay nada menos que 61 convenios colectivos provinciales que regulan las condiciones laborales de los y las trabajadores agropecuarios. Se da la circunstancia de que algunos de ellos no se han renovado desde hace años, lo que supone que no aplican las condiciones laborales pactadas en otras provincias desde hace un decenio, lo que denota la falta de voluntad de algunas patronales el sector del campo por mejorar las condiciones de las personas trabajadoras agrarias

Por ello, para UGT FICA sería deseable que, desde el ministerio de Agricultura, se propiciara el diálogo social entre sindicatos y empresarios para alcanzar un Convenio Estatal que vele por la unificación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrarias y evite este tipo de agravios entre los que trabajan en distintas provincias del país.