Los agentes sociales del sector de la Construcción (UGT FICA, CCOO del Hábitat y CNC) han reclamado hoy la modificación de la Ley de Desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que se permita la revisión de los precios de estos contratos durante el periodo de duración.

En un encuentro informativo mantenido hoy en la sede de la patronal, los secretarios generales de UGT FICA y CCOO del Hábitat, Mariano Hoya y Daniel Barragán, respectivamente, y el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, han escenificado la necesidad de la modificación tanto la Ley de Desindexación como su correspondiente referencia de la Ley de Contratos del Sector Público al objeto de corregir los efectos negativos que ambas leyes están produciendo en las contrataciones públicas en general y, más concretamente, en las que se producen en el sector de la construcción.

De hecho, según la Plataforma de Contratación del Estado, en el año 2022 aumentaron un 34% el número de licitaciones que quedaron desiertas en comparación con el año anterior en todas las modalidades; en total, fueron un 9,9% de las licitaciones las que se quedaron sin cubrir. En el caso concreto de los contratos de obras, las licitaciones desiertas aumentaron en un 140%, más del 10% de los contratos que se licitan. 

El problema de este incremento en el número de licitaciones desiertas viene dado por el incremento de los costes de los materiales usados en las obras y el precio de la energía como consecuencias excepcionales como han sido la pandemia, la invasión de Ucrania, el alza desmesurado del precio de la energía, así como la escasez, y en consecuencia, encarecimiento, de materiales básicos.

Mariano Hoya ha puesto el acento fundamentalmente en la Ley de Contratos del Sector Público, que está fomentando una competencia muy dura entre las empresas por hacerse con los contratos de obras públicas que, con frecuencia, tiran las adjudicaciones a la baja, y ganan concursos de obras y servicios públicos que son esenciales para los ciudadanos, devaluando estos servicios. Estas prácticas conllevan merman la calidad del servicio y del empleo y suponen perjuicios para la salud y seguridad de las personas trabajadoras.

El secretario general de UGT FICA ha asegurado que la negociación colectiva no debe ser un elemento que afecte a la desindexación porque se supone que la empresa que licita un servicio público por varios años de duración, debe prever que durante ese periodo tendrá que subir los salarios a sus trabajadores y trabajadoras. Las subidas del SMI de los últimos cuatro años, que se mantuvo prácticamente congelado desde 2012, "no han tenido afectación sobre el empleo a pesar de los malos augurios de algunos agoreros, sino más bien al contrario, estamos en los índices de empleabilidad más altos de nuestra historia". Por ello, ha subrayado que "lejos de perjudicar a la creación de empleo, la subida del SMI lo que ha conseguido es que, posiblemente, seamos la primera economía de Europa en términos de creación de empleo y en términos de control de la inflación". 

Es urgente una búsqueda de soluciones para que no se condicione negativamente la negociación colectiva. En el V AENC se contempla una propuesta de modificación de la normativa de revisión de precios de la Ley de contratos del sector público, para no someter al contratista de la Administración a soportar subidas extraordinarias de precios o salarios totalmente externos a su decisión.

En este sentido, Mariano Hoya ha insistido en la necesidad de que se modifiquen ambas leyes y de que, cualquier escenario que se produzca, los sindicatos debemos tener capacidad de actuar y de fiscalizar esos procesos.

Por contra, ha recordado el efecto negativo que está teniendo la subida del coste del dinero y del precio de las hipotecas en la vivienda nueva, que está provocando la ralentización de la nueva construcción.

Con relación a la falta de mano de obra en el sector, ha rechazado que se recurra al empleo inmigrante sin asegurar previamente la protección de sus condiciones laborales y sociales. Habría que estudiar entre todos los actores las necesidades del sector y ver si con el 1.700.000 trabajadores y trabajadoras que hay en paro se pude cubrir la demanda de mano de obra, y si no, analizar las posibles soluciones al problema.

El debate de la reducción de jornada

Sobre el debate de la reducción de jornada, el secretario general de UGT FICA ha señalado que la negociación colectiva se está viendo incapaz de reducir el tiempo de trabajo porque el empresario "se niega a bajarlo". "En nuestro país llevamos con las cuarentas horas desde hace cien años porque los empresarios no quieren ni oír hablar de reducir la jornada mediante la negociación colectiva", ha asegurado. "Yo sí estoy de acuerdo en que un gobierno progresista decida por ley bajar la jornada laboral de manera sensata, prudente y pactada en el marco del diálogo social tripartito porque el bipartito se ha demostrado incapaz de hacerlo". Mientras en Alemania, el sindicato del IG Metall se está planteando ir a movilizaciones en pos de las 32 horas en el sector del metal, aquí seguimos con las 40 horas porque reducir la jornada se considera una línea roja. "Yo sí estoy dispuesto a que un gobierno nos obligue a pactar las 37 horas y  media, luego las 35, y finalmente, las 32 sin reducción salarial, porque el tiempo demuestra que es beneficioso para el país porque se crece más, la economía va mejor, y habrá más reparto del tiempo de ocio", ha concluido.