El comité de empresa de Calzados Pablo (Pablosky) y sus sindicatos UGT FICA y CCOO Industria dieron por finalizada sin acuerdo la negociación del Expediente de Regulación de Empleo presentado el pasado mes de noviembre por la familia propietaria de la empresa para despedir a 48 personas, el 15% de su actual plantilla.

Así lo han anunciaron el pasado jueves en rueda de prensa Rocío Arévalo y Lola Aceituno, presidenta y miembro del comité, respectivamente, junto al responsable de UGT FICA en la provincia, Sergio de la Fuente, y la secretaria general de CCOO-Industria de Toledo, María Jesús Fernández.

La representación de la parte social ha subrayado que consideran infundadas las causas económicas alegadas por la empresa para justificar el ERE y que en consecuencia solicitarán a la autoridad laboral que no lo apruebe; al tiempo que sus asesorías jurídicas demandarán en su caso la nulidad o la improcedencia de los despidos si Calzados Pablo llega a realizarlos en los términos que pretende, con la mínima indemnización legal más unas “míseras limosnas”.

Además, anunciaron que mañana martes reunirán a la asamblea de trabajadores/as para informarles de la situación y decidir las acciones sindicales a emprender para oponerse a los “despidos traumáticos” que supondrá el ERE que quiere llevar a cabo la familia Martín-Caro.

“No puede ser que haga un ERE a su antojo; un ERE que no es necesario porque igual resulta que en 2023 no tienen las mismas ganancias que el año anterior, pero pérdidas no tienen. Y porque desde junio del año pasado se llevaron a Marruecos parte de las secciones de cortado y aparado: si ese trabajo lo dejan en Fuensalida, las 48 personas que quieren echar no sobrarían.”

“Y porque no se van a deshacer de 48 personas, sino de más de 100, porque hay otras 68 más a las que han excluido del ERE porque tienen más de 63 años y se van a ir jubilando de aquí a 2026, sin coste alguno para la empresa.”

“Y así los Martín-Caro conseguirán sus objetivos: deslocalizar más y más a Marruecos para abaratar costes salariales y dejar la plantilla de Fuensalida por debajo de las 250 personas, para ser PYME en vez de gran empresa y obtener beneficios fiscales y acceso a subvenciones”, denunciaron el y las sindicalistas.