Las condiciones laborales tienen una enorme influencia sobre la salud de las personas trabajadoras. Desde los sindicatos venimos desde hace años denunciando que la precariedad laboral enferma y mata.

A pesar de la inclusión de los entornos laborales seguros y saludables entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, en España aún estamos lejos de alcanzar este hito. De hecho, nos encontramos en un momento crítico para la salud y seguridad del trabajo en nuestro país.

En 2022 se contabilizaron casi 1.200.000 accidentes de trabajo, aumentando en un 5% respecto a 2021 y se produjeron 826 muertes en el trabajo, 121 más que el año anterior y que aumentarán de manera notable cuando se publiquen los datos definitivos. Son cifras inaceptables para una sociedad como la nuestra, a las que se debe poner freno de manera inmediata. Además, las enfermedades de origen laboral siguen ocultándose, enquistándose como la eterna asignatura pendiente de la prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos venimos advirtiendo que la recuperación de la actividad productiva tras el peor periodo de la pandemia, si no venía acompañada de una mejora en las condiciones de trabajo, tendría como consecuencia un repunte de la siniestralidad. Y, desgraciadamente, nuestras previsiones se han cumplido. La seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos Gobiernos.

Por ello, desde UGT y CCOO este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, queremos ser, una vez más, el altavoz de las víctimas y visibilizar el drama y sufrimiento que provocan los accidentes de trabajo.

Tampoco nos olvidamos de aquellas personas trabajadoras que han enfermado por su trabajo. En nuestro país, el pasado año, se declararon en torno a 22.500 enfermedades profesionales. Desde CCOO y UGT llevamos largo tiempo denunciando la enorme infradeclaración de las enfermedades profesionales y más concretamente, de los cánceres de origen laboral, entre los que se encuentran aquellos causados por el amianto. Durante 2022 únicamente se declararon 107 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, siendo 76 debidas al amianto. Para revertir esta situación es imprescindible que el Gobierno incluya la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de trabajadores y trabajadoras expuestos en la inminente modificación del RD de agentes cancerígenos. Recordemos igualmente, la necesidad de abordar el enorme problema que supone la exposición laboral a la sílice cristalina que provoca silicosis y cáncer de pulmón, entre otras, y exigir el cumplimiento riguroso de la normativa. Es importante aprender de errores del pasado como el caso del amianto. 

Recientemente hemos firmado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 junto a patronal, Gobierno y CCAA, y aunque aún quedan por desarrollar los planes de acción bienales, esperamos que se convierta en el instrumento de referencia que concrete el desarrollo y mejora de las políticas de prevención de riesgos laborales que necesitamos. Sin embargo, la EESST tardará en dar resultados, por lo que, instamos al Gobierno a que convoque de manera urgente la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, anunciada en la propia firma de la Estrategia, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la que se acuerden medidas urgentes e inmediatas, para acabar con la siniestralidad laboral.