La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha participado hoy como integrante en la creación de la Alianza del PERTE VEC, que debe abordar las necesidades del sector de cara a la transformación con las ayudas destinadas a este en el PERTE VEC. En concreto, han participado el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, junto al secretario de Acción Sindical, José Antonio Pasadas y al secretario del Sector del Automovilístico, Jordi Carmona.
En la reunión, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha informado sobre la situación de los proyectos industriales de la primera convocatoria del PERTE VEC, sobre las líneas de ayudas de los planes Moves y cómo están funcionando, así como sobre los ministerios que estarán presentes en la Alianza y sobre la elección de la vicepresidencia en la alianza.
Desde UGT FICA hemos trasladado nuestras propuestas y reclamaciones sobre la aplicación de estos fondos, centradas principalemente en:
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El lanzamiento del PERTE VEC fue una buena noticia para el sector aunque no se obtuvieron los resultados previstos. Desde UGT FICA reclamamos que se debían incluir (y esperamos que ahora se corrijan) aspectos como los plazos de ejecución, las garantías de aval y el grado de afectación a toda la cadena de valor. Al mismo tiempo, entendemos que las ayudas de los planes MOVES son apuestas claras hacia el sector y por ello esperamos que sigan siendo una palanca hacia el vehículo descarbonizado.
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Exigimos participar en la orden de bases del nuevo PERTE VEC, y no ser meros espectadores de este, con el objetivo de unificar propuestas y no cometer los mismos errores que se cometieron en el anterior.
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Las bases en el nuevo PERTE VEC deben incluir condicionantes sociales, ya que no compartimos que, con dinero publico, no figuren obligaciones concretas por parte de las empresas hacia los trabajadores y las trabajadoras.
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Las políticas medioambientales de las distintas Comunidades Autónomas deben ser uniformes para evitar que cada Administración legisle de forma, autónoma y no se creen dudas e incertidumbre al ciudadano, ni modificar las fechas de adopción de medidas medioambientales, contribuyendo a crear una brecha social y territorial en torno a la movilidad.
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Queremos conocer tanto los proyectos tractores que se han presentado en la primera convocatoria, como las empresas que están involucradas en esos proyectos y las ayudas que reciben estas empresas, al igual que las que se presenten en esta segunda convocatoria.
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En cuanto a la polémica suscita por la aplicación de la Normativa Euro 7, exigimos que se tenga en cuenta la situación industrial de España para posicionarnos sobre ella y no poner en riesgo ni el empleo ni la industria automovilística de nuestro país.
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La oposición manifestada por Alemania e Italia a la aprobación de este normativa, que fija la finalización de la venta de vehículos combustión o alternativos al eléctrico en 2035, nos obliga a valorar las repercusiones que pudiera tener en nuestra industria y a obrar en consecuencia.