Cuando se carece de argumentos se opta por la mentira, como es el caso de las patronales agrarias, al calificar de ilegal la Huelga del mañana. No es ya que insulten a dos sindicatos históricos como CCOO y UGT, sino que su propósito es amedrentar y hurtar a los trabajadores su derecho constitucional de huelga. Los Servicios Jurídicos de ambos sindicatos valorarán emprender acciones legales contra los responsables, incluso de carácter penal. 

Seguramente nunca han existido mas razones para la convocatoria de una Huelga, como en el caso de la que comienza mañana en el sector del Campo de Extremadura, con la pretensión descarada de las Organizaciones Patronales Agrarias de hurtar los derechos ya conseguidos por los trabajadores. utilizando artimañas torticeras para tratar de que no  cobren ni tan siguiera el SMI al que tienen derecho por Ley. 

Cuando se dan estas circunstancias y no se tienen argumentos, se opta por mentir. Las patronales agrarias están difundiendo un bulo respecto a que esta es un Huelga ilegal, con el único objetivo de amedrentar a los trabajadores que han manifestado su voluntad de secundarla. 

 Los sindicatos convocantes nunca pensamos que fuese necesario hacer público a través de los medios de comunicación que, la de mañana, es una Huelga legal, at amparo del derecho constitucional que otorga la Carta Magna a todos los españoles, como lo son, por otra parte, todas las convocadas tanto por UGT como por CCOO, que son sindicatos históricos de este país.

Esta práctica vergonzante por parte de las organizaciones patronales no va a frenar de modo alguno esta huelga, que van a ganar los trabajadores, porque es de justicia que los 65.000 obreros del campo que mantienen vivos nuestros pueblos tengan derecho a un Convenio Digno.

Los sindicatos convocantes valoramos esta situación insólita sobre la puesta en cuestión de la legalidad de la huelga como muy grave, razón por la que pondrá en marcha una Comisión ad hoc dentro de sus Servicios Jurídicos para investigar el origen y responsables concretos, con el objetivo de valorar acciones legales, incluso de carácter penal, por la vulneración de derechos fundamentales y de libertad sindical.