El peso de los contratos indefinidos sobre el total se ha multiplicado por tres y la temporalidad sigue en mínimos históricos
Los datos de paro registrado correspondientes al mes de marzo, publicados por el Servicio Público de Empleo (SEPE), muestran un descenso de 33.405 personas respecto a febrero, contabilizando un total de 2.727.003, 135.527 personas menos que el año anterior, tratándose del dato más bajo para un mes de marzo desde 2008. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social aumenta este mes en 193.585 personas y alcanza un total de 20.901.967 personas afiliadas, 525.414 personas más que el año pasado. Descontando la estacionalidad, la afiliación se incrementa en 77.876 personas, superándose por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados (21.032.661).
La potenciación del contrato indefinido frente al temporal que impulsó la reforma laboral de 2021 ha dado como resultado un incremento del empleo estable que continúa manteniéndose dos años después: el peso de los contratos indefinidos sobre el total se ha multiplicado por tres, pasando de un 14,8% en marzo de 2021 al 44,9% este mes. En marzo se han registrado un total de 1.123.488 contratos, de los que 504.893 son indefinidos. Además, la modalidad más estable de contratación, la fija a tiempo completo, asciende al 19,8% del total de contratos, un porcentaje que antes de la reforma tan sólo era del 9,2%.
Por su parte, la temporalidad, continúa registrando mínimos históricos en cualquiera de las estadísticas. En la afiliación, se sitúa este mes en mínimos del 12,7%, menos de la mitad de la existente en marzo de 2021 (26,7%). Con respecto a la contratación, el peso de los temporales se reduce en 30 puntos en estos dos últimos años, pasando del 85,2% en marzo de 2021 al 55,1% en este último mes. En la EPA, el último dato, del cuarto trimestre de 2023, situaba el empleo temporal en el 16,5%, lo que supone 8,9 puntos menos que en el mismo periodo de 2021, siendo aún menor en el sector privado, el 13,2% (10,7 puntos menos).
De manera que, tras dos años de vigencia, la reforma laboral está cumpliendo eficazmente con el objetivo fundamental para el que fue diseñada: reducir la excesiva temporalidad a través de la creación de empleo de calidad. Además, tal y como certificó la Contabilidad Nacional Trimestral la semana pasada, la fortaleza mostrada por el mercado de trabajo está sirviendo para apuntalar el crecimiento de la economía, permitiendo, junto a la moderación de la inflación y las subidas salariales motivadas por el AENC, que la economía española crezca a un ritmo cinco veces superior al de la Eurozona, gracias, sobre todo, al impulso del consumo de los hogares.
Aspectos pendientes
No obstante, persisten desequilibrios en el funcionamiento del mercado laboral que es preciso corregir. Un ejemplo es la temporalidad del empleo público, que continúa en valores muy elevados, del 29,6% en el cuarto trimestre de 2023, y que apenas se ha reducido desde la reforma laboral (sólo 1,4 puntos). Un problema que las administraciones públicas implicadas deben resolver cuanto antes, de forma que se acabe con el abuso derivado de la utilización sucesiva de contratos temporales en el sector público, tal y como resolvió recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otro aspecto pendiente es la modificación de las causas y el coste del despido, para que se garantice el derecho de las personas trabajadoras a recibir una indemnización adecuada, con carácter disuasorio y resarcitorio, como recoge la Carta Social Europea. Un asunto que UGT denunció ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya se ha pronunciado al respecto, pero cuya resolución no se puede desvelar hasta que el Ejecutivo no lo autorice. Por tanto, el Sindicato insta al Gobierno a que actúe con transparencia y responsabilidad, haciendo pública cuanto antes la resolución del organismo.
En definitiva, aunque la reforma laboral esté siendo realmente efectiva dentro de su campo de actuación, son necesarias actuaciones complementarias que apoyen su gran potencial transformador, consolidando la mejora real de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y favoreciendo el crecimiento de la productividad, para que la economía española continúe siendo la referente del dinamismo de la Eurozona en el largo plazo.
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