UGT FICA denuncia el bloqueo de los convenios colectivos del sector agropecuario de Canarias

Durante los días 14, 15 y 16 de marzo, el responsable del sector agroalimentario estatal de UGT FICA, Sebastián Serena, ha mantenido reuniones con delegadas/os del sector agroalimentario de UGT FICA Canarias, con representantes de asociaciones empresariales del sector agropecuario, y con el viceconsejero de Empleo del Gobierno Canario, Gustavo Santana

En los encuentros con las representaciones sindicales de las empresas agroalimentarias, se ha puesto de manifiesto la enorme preocupación de UGT FICA, con respecto al bloqueo en la negociación de los convenios colectivos del sector agropecuario, como el de empaquetados del plátano o convenio el regional del campo, algunos de ellos vencidos en 2008.

A este respecto, han denunciado que, de no producirse la renovación de esos convenios, las tablas salariales se mantendrán tal cual quedaron en su último mes de vigencia, lo que, presumiblemente, hará que los salarios que se apliquen estén por debajo de lo establecido en el Real Decreto Ley 152/2022, en el fijó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2022 en 1.000.

UGT FICA ha trasladado su preocupación al Viceconsejero de Empleo del Gobierno Canario, a quien ha solicitado su intervención para, desde sus responsabilidades y competencias, poder encontrar una solución consensuada con las empresas del sector que ponga fin a una situación injusta que no es posible sostener por más tiempo.

La falta de diálogo y de voluntad de negociación y renovación de los convenios por parte de las empresas está causando un enorme perjuicio a las personas trabajadoras del sector agropecuario en las Islas Canarias, daño que UGT FICA no está dispuesta a mantener por más tiempo, y resolverá por las vías precisas. UGT FICA advierte de que si la intervención de la Viceconsejería de Empleo no pone punto final a este escenario de menoscabo de los derechos laborales en el sector agropecuario en Canarias, la Federación procederá a revertir la situación con las herramientas legales precisas, junto a un calendario de movilizaciones, manifestaciones, concentraciones, y denuncias a la inspección de trabajo, y en las redes sociales, además de protestas en los centros comerciales de todo el territorio español y una campaña internacional al objeto de que los consumidores conozcan las condiciones de precariedad en las que trabajan las personas que facilitan que muchos alimentos puedan llegar a sus mesas en condiciones óptimas para su consumo.