El expediente afecta al 81% del total de la plantillas de ambas plantasFeatured
UGT FICA rechaza el expediente presentado por Prefabricados Delta
La Federación estudia si las causas alegadas por la empresa son proporcionales a las medidas traumáticas presentadas
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT rechaza el procedimiento de despido colectivo iniciado por la Dirección de la empresa Prefabricados Delta S.A.U. que, inicialmente, afecta a 134 personas trabajadoras de la planta de Puente Genil (Córdoba) de las 165 que conforman la plantilla, y a 80 de la planta de Humanes (Madrid), del total de 99 de la actual plantilla.
UGT FICA considera excesivas las medidas presentadas por la Dirección de la empresa, que alega causas organizativas y productivas para justificar el despido de 214 personas trabajadoras, el 81% de la plantilla total de ambas fábricas.
Los departamentos técnico y jurídico de UGT han empezado a estudiar la documentación preceptiva aportada por la empresa previamente a la apertura del periodo de consultas, previsto para este lunes, 6 de julio, y están valorando si las causas alegadas por la empresa son proporcionales a las medidas presentadas.
UGT FICA confía en que la dirección de Prefabricados Delta entre en razón y se avenga a negociar una importante minoración en el número de personas trabajadoras que pudieran resultar afectadas al término del periodo de consultas así como a adoptar medidas no traumáticas y de carácter voluntario.
La Federación lamenta que la solución adoptada por la empresa pase por el despido de 214 personas trabajadoras, una medida que va a tener un enorme impacto en las familias afectadas y en unas comarcas que ya sufren un alto índice de desempleo.
UGT FICA hace un llamamiento a la responsabilidad social de Prefabricados Delta S.A.U. y anuncia que acompañará y defenderá en todo momento los intereses de las plantillas de Puente Genil y Humanes, movilizando cuantos recursos sindicales, técnicos y legales sean necesarios para reducir el alcance del expediente y garantizar que cualquier medida que finalmente se adopte respete los derechos de las personas trabajadoras y minimice el impacto social y económico en ambos territorios.
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