UGT FICA exige la suspensión de la propuesta «EU Inc» de la Comisión Europea hasta que se incluyan garantías para los derechos de las personas trabajadoras

La Federación se suma a la campaña impulsada por la CES e IndustriALL Europa para evitar que los derechos de las personas trabajadoras en toda Europa se vean menoscabados por los planes de la Comisión Europea de permitir que las empresas se registren en países con estándares más bajos

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT se suma a la campaña impulsada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) e IndustriALL Europa para exigir la suspensión de la propuesta «EU Inc» lanzada en marzo por la Comisión Europea, conocida como el "Régimen de la 28ª Empresa" (ver vídeo), por el que las empresas de cualquier tamaño podrían registrarse en un país diferente al de sus plantillas, independientemente de dónde desarrollen sus actividades económicas y dónde estén empleados.

Sin salvaguardias sólidas, las propuestas socavarían los sistemas de negociación colectiva en toda Europa. Según la propuesta de la Comisión, existe un alto riesgo de que las personas trabajadoras se rijan por la legislación laboral del país de registro de la empresa, y no por la del país de empleo. Esto incentivaría a las empresas a registrarse en los Estados miembros con menos derechos o salarios más bajos, lo que daría inicio a una competencia a la baja en toda Europa.

Aunque se promociona para startups «innovadoras», el alcance del Reglamento «EU Inc.» no se limita a ningún sector ni tamaño específico; está abierto a todas las empresas, incluidos los grandes grupos multinacionales. Esto permite a las empresas consolidadas acogerse al régimen para eludir regulaciones nacionales más estrictas.

En particular, la propuesta genera los siguientes riesgos inaceptables:

• Dumping social: Las personas trabajadoras podrían estar sujetos a los derechos y condiciones laborales del país donde la empresa está registrada. Esto incentivaría a las empresas a registrarse en Estados miembros con los estándares sociales más bajos, incluso si desarrollan su actividad y emplean personas trabajadoras en otros países.

• Salarios: Se podría permitir a las empresas ofrecer opciones sobre acciones en lugar de salarios o un contrato de trabajo.

Despidos: Los planes para agilizar los procesos de insolvencia no reconocen el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a recibir sus salarios primero, lo que podría dejarlos sin posibilidad de reclamar salarios impagados o indemnización por despido.

• Representación: Las empresas podrían eludir fácilmente el derecho de las personas trabajadoras a la participación en la toma de decisiones y a la representación en el consejo de administración.

Información y consulta: Al fragmentar las operaciones en filiales denominadas "EU Inc.", los empleadores podrían mantenerse por debajo del tamaño de la plantilla necesario para la creación de comités de empresa y el ejercicio de los derechos de información y consulta.

• Aplicación: La propuesta pone en riesgo la necesaria seguridad jurídica que proporciona el escrutinio y la verificación reales de las autoridades fiscales y sociales nacionales, así como una protección judicial efectiva.

La base jurídica propuesta y la elección del instrumento jurídico también suscitan gran preocupación. La Comisión se ampara en el artículo 114 del TFUE, cuyo objetivo es armonizar las legislaciones nacionales vigentes, no crear un régimen paralelo y facultativo. El artículo 114, apartado 2, prohíbe explícitamente el uso de esta base jurídica para actos relacionados con los derechos e intereses de las personas trabajadoras por cuenta ajena. Asimismo, la elección de un Reglamento imposibilita el refuerzo de la protección y las garantías de las personas trabajadoras a nivel nacional durante el proceso de transposición.

La Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical Europea (CES) debatió la semana pasada en Bruselas los riesgos vinculados a la UE Inc.

La Comisión Europea ha prometido que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras estarán plenamente protegidos en el marco del plan, pero las salvaguardias necesarias para evitar que las empresas exploten las lagunas legales no aparecen por ninguna parte en el borrador del reglamento.

La CES afirma que la propuesta no debe seguir adelante sin salvaguardias vinculantes que garanticen el pleno respeto de las leyes laborales nacionales, los convenios colectivos y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

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