Mariano Hoya insta a un gran Pacto de Estado en materia de vivienda que implique al conjunto de administraciones públicas

El secretario general de UGT FICA ha clausurado hoy en Zaragoza la jornada «Un techo es un derecho», en la que ha reclamado al sindicato avanzar para que la vivienda sea considerada como un derecho sindical

El secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha abogado hoy en Zaragoza por "un gran Pacto de Estado por la Vivienda en el que todas las administraciones se sienten para fijar una base regulatoria común, estable y previsible, que sobreviva a los ciclos electorales y pueda acotar el precio de la vivienda, ya sea de compra o de alquiler, que está absolutamente desbocado". Mariano Hoya ha criticado las "medidas lanzadas como parche desde cualquier parte del espectro político, que no hacen más que generar desconfianza cuando la realidad se impone y los precios siguen subiendo". La crisis de la vivienda es un problema tan profundo y complejo que requiere de un Pacto de Estado que implique al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos  "con el fin de encontrar una solución efectiva y coordinada que contemple, entre otras medidas, potenciar el parque de vivienda protegida, limitar los precios del alquiler, movilizar las viviendas vacías controlar el crecimiento de los alojamientos turísticos, asegurar la aplicación de la Ley de Vivienda, fomentar desarrollos urbanísticos y ayudas a los ciudadanos".

El secretario general de UGT FICA, que ha clausurado la jornada «Un techo es un derecho», organizada por la Fundación Manuel Fernández «Lito», en colaboración con UGT FICA y la Diputación Provincial de Zaragoza, ha abordado el problema del acceso a la vivienda, que constituye hoy por hoy "uno de los grandes desafíos sociales, económicos y territoriales de nuestro tiempo". En su intervención, Mariano Hoya, ha insistido en que es imprescindible construir entre cincuenta y cien mil viviendas anuales, en función de la demanda que se está produciendo, aumentan el parque de vivienda social. "No es entendible que la vivienda social en España suponga escasamente el uno por ciento del parque de viviendas, mientras que en Europa el porcentaje está en torno al ocho o nueve por ciento. "En Países Bajos, por ejemplo, el treinta y cuatro por ciento del parque vivienda está destinada a vivienda social". "¿Y cómo se consigue? Pues promocionando vivienda pública a través de las administraciones públicas, destinando un porcentaje alto a vivienda social y otro muy alto a alquileres para jóvenes que buscan su primera vivienda, y para inmigrantes, que también necesitan esa primera vivienda".

Mariano Hoya no se ha limitado a reclamar el Pacto de Estado por la Vivienda, también ha exigido que todas las administraciones públicas se pongan a trabajar para que el PERTE para la Industrialización de la Construcción, que prevé una inversión de 1.300 millones durante 10 años, sirva también para construir vivienda más barata en plazos mucho más cortos, en este caso con el objetivo de construir un mínimo de 15.000 industrializadas anuales a lo largo de su ejecución.

Ha recordado que "el Gobierno acaba de aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que tiene una asignación de siete mil millones de euros y que creemos que debería de ser un instrumento útil, válido, para limitar". El problema que tenemos en nuestro país "es la incapacidad de los dos grandes partidos para entenderse, lo que nos lleva a que, problemas tan fundamentales como el de la vivienda, que afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país, y muy especialmente a nuestros hijos y hijas que no pueden irse de casa hasta los treinta y dos años más, sigan sin resolverse". "Por eso es necesario que todos los partidos políticos hagan un ejercicio de responsabilidad y acuerden ese Pacto de Estado porque se trata de una exigiencia nacional", ha insistido.

Mariano Hoya ha defendido un modelo similar al de País Bajos, que tiene un parque público de vivienda enorme, y el treinta y cinco por ciento de ese parque público se destina a alquileres. "Es verdad que en España no es país en el que se haya animado tradicionalmente al alquiler de viviendas pero, en este momento, es absolutamente imprescindible". Además, España precisa de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes para cubrir todos los espacios de la industria de nuestro país que hoy no tiene mano de obra cualificada, y esos trabajadores y esas trabajadoras necesitan viviendas y alquileres baratos asequibles y alquileres". En la actualidad, las personas trabajadoras "están destinando casi el cincuenta por ciento de su salario a alquileres, un porcentaje que nos parece absolutamente imposible de asumir para las rentas más bajas". 

En este contexto, el secretario general de UGT FICA ha afeado la polarización política que vive España en todos los ámbitos de la sociedad, que paraliza la toma de iniciativas para asuntos que necesitan una respuesta urgente, entre ellos el de la vivienda, llegando incluso a convertirse en alarma social y que corre el peligro de enquistarse. Mariano Hoya ha sido especialmente crítico con la extrema derecha por utilizar la crisis de acceso a la vivienda para canalizar el malestar social con respuestas que alientan la xenofobia en lugar de aportar respuestas racionales y estructurales, vinculando el problema a la llegada de personas desde el exterior.

Atraer población a Aragón

Por su parte, el secretario general de UGT FICA Aragón, Sergio Sancho, ha hecho hincapié en la necesidad de atraer población trabajadora al sector “solamente en Aragón, en los próximos 8 años se necesitan a 40.000 personas en la construcción. Es otro de los debates que también hay que abordar y necesitamos que el sector sea atractivo para la juventud". En esta cuestión ha valorado positivamente la “madurez” del sector en la negociación colectiva y las condiciones laborales para trabajar en esta actividad. El secretario general de UGT FICA Aragón también ha insistido en la importancia de contar con más vivienda asequible en Aragón de cara a los nuevos proyectos en todo el territorio, para no limitar el crecimiento económico como gigafactoría de baterías, los centros de datos, o de industria cárnicas.

Finalmente, Teresa Ladrero ha señalado que "desde la Diputación de Zaragoza sabemos que la realidad de la vivienda no es igual en todos los territorios", y ha recordado que "no es lo mismo hablar de vivienda en Zaragoza capital que en los municipios", motivo por el que son necesarias "políticas públicas que piensen en todas las personas y en todo el territorio".

Y pese a que la vivienda no es una competencia directa de la institución provincial, ha señalado que cada año convocan el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), que destina 50 millones de euros a los municipios "de manera incondicionada" y que ha permitido que muchos ayuntamientos estén rehabilitando viviendas municipales, acondicionando edificios o impulsando promociones de alquiler para facilitar que la gente pueda quedarse a vivir en los pueblos.