El Consejo Federal de UGT FICA se reúne con el embajador español ante la UE para entregar sus propuestas de transición justa y política industrial

Mariano Hoya, secretario general de UGT FICA, y Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT, trasladaron un documento con medidas para impulsar una reindustrialización que garantice derechos laborales, cohesión territorial y sostenibilidad social en los sectores estratégicos.

El Consejo de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), encabezado por su secretario general, Mariano Hoya, con la participación de la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha celebrado en Bruselas un encuentro institucional con el embajador español ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en el marco de la reunión de su Consejo Federal.

Durante la cita, el Consejo de UGT FICA entregó al embajador un documento que recoge sus propuestas para una transición ecológica y digital justa, así como para una política industrial que asegure empleo estable, cualificado y con derechos en los sectores estratégicos.

Entre los ejes planteados, se subraya la importancia de:

• Política industrial y autonomía estratégica: impulsar la reindustrialización, el acceso a materias primas críticas y la transición energética con garantías para el empleo.

• Fondos europeos y dimensión social: incluir condicionalidad social y asegurar que los recursos lleguen a las regiones y sectores en transformación.

• Gobernanza de la transición ecológica y digital: incorporar el diálogo social y la evaluación del impacto laboral en todas las fases de las políticas vinculadas al Pacto Verde y la digitalización.

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  Empleo en sectores estratégicos: garantizar derechos laborales, formación continua y empleo de calidad en ámbitos como la defensa, la inteligencia artificial y la digitalización.

• Cohesión territorial: acompañar a las regiones más afectadas por la reconversión industrial, evitando desequilibrios territoriales.

El Consejo Federal de UGT FICA insistió en que la transición no puede reducirse a criterios de competitividad económica, sino que debe estar ligada a la justicia social. Recalcó, además, que la defensa del tejido industrial europeo requiere empleos dignos, inversiones públicas suficientes y una gobernanza que incorpore de manera activa a los interlocutores sociales.