UGT FICA coordina las demandas individuales por la sentencia de nulidad del ERTE Covid 2020 del Grupo ArcelorMittal
Expirado
La Federación denuncia que la empresa ha interpretado y ejecutado la sentencia de la Audiencia Nacional de forma torticera, y recomienda a los afectados que se dirijan a nuestras Secciones Sindicales para coordinar la presentación de las demandas individuales
La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nº 109/2020 de fecha 30 de noviembre, declaró nulo el ERTE Covid de 2020, indicando que se debía retrotraer a los trabajadores afectados a las condiciones laborales y económicas previas a este expediente y por ello, proceder a abonar a todos los trabajadores afectados el 100% de los salarios dejados de percibir.
La empresa, realizando una interpretación torticera de esta sentencia, procedió, en la nómina del pasado mes de marzo, a regularizar a todos los trabajadores incluidos en el ERTE 2009 con el 90% salario, incumpliendo la sentencia nulidad.
Ante este hecho, desde los gabinetes jurídicos de UGT FICA entienden que la línea de actuación jurídica más adecuada, atendiendo a la eficacia y los plazos de prescripción de solicitud a la que tienen derecho, es solicitar la ejecución de la sentencia de forma individual, realizando la reclamación de la cantidad dejada de percibir ante el Juzgado de lo Social del territorio donde reside el afectado.
Desde UGT FICA se recomienda a todas las personas trabajadoras del grupo ArcelorMittal perjudicadas por la decisión unilateral de la empresa, que acudan a las secciones sindicales UGT FICA en los centros de trabajo del Grupo para coordinar que los servicios jurídicos de los distintos territorios realicen la reclamación individual de la cantidad adeudada. Nuestras secciones sindicales cuentan con la información detallada de la documentación que se debe aportar para realizar la demanda, así como de un modelo de reclamación previa y demanda, preparado por el gabinete jurídico UGT FICA.
Desde la Federación reiteramos que vamos a poner todos los medios de los que dispone nuestra organización para evitar que se vulneren los derechos reconocidos judicialmente de las personas trabajadoras en general y de nuestros afiliados en particular.
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