Los datos de IPC demuestran la necesidad de aumentar los salarios por encima del 1,8%

Los datos de IPC del mes de diciembre, publicados hoy por el INE, reafirman la necesidad de aumentar los salarios en nuestro país en una horquilla de entre el 1,8% y el 3% para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

Dado que el IPC interanual del mes de diciembre se ha situado en el 1,6% (una décima más de lo previsto en el avance), y que el incremento salarial medio pactado en convenio hasta diciembre de 2016 se situó en el 1,06%, según los datos del Ministerio de Empleo, el resultado es que los salarios perdieron medio punto de poder adquisitivo el año pasado.

Con estos datos, y con la previsión de inflación para 2017 de entre el 1,1% y el 1,7%, plantear aumentos salariales desde el 0% hasta el 1,5% como hacen CEOE y CEPYME, resulta insuficiente e indignante, ya que supone que los trabajadores perderán poder de compra y hundirles aún más en la pobreza. Y, en este sentido, los datos también confirman que los pensionistas perderán como mínimo el 1,3% de poder de compra porque el Gobierno les ha subido la pensión un raquítico 0,25%.

Esta es la realidad de nuestro país: una economía que crece, pero que los frutos de ese crecimiento, aunque frágil y basado en el empleo precario, no se redistribuyen.

Para UGT, es urgente abandonar la moderación salarial y que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, con el fin de fomentar el consumo y la inversión. Es decir que los salarios recuperen lo perdido por las políticas de ajuste aplicadas desde 2010, reducir las desigualdades y los niveles de pobreza, fomentar la creación de empleo estable y con derechos y aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Mientras tanto, pese que en 2016 aumentaron los convenios registrados, el número de empresas y los trabajadores protegidos por convenio en nuestro país y, sin embargo, los salarios siguen sin crecer. La subida salarial media en 2016 fue del 1,08%, fruto de un acuerdo que se firmó durante una época de contracción económica y que se muestra insuficiente a todas luces en una economía que crece en la actualidad a ritmos superiores al 3%.

Más aún tras los datos que refleja el Índice de Precios del Trabajo, que indica que la devaluación salarial ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo muy superior a la calculada hasta la elaboración de ese indicador, 9,4 puntos de pérdida de poder de compra de los salarios entre 2008 y 2014.

En España hoy el 35% de los trabajadores cobra por debajo del SMI (5,9 millones de personas), la tasa de temporalidad afecta ya al 27% de los asalariados y la parcialidad involuntaria asciende hasta el 61,3% (1,7 millones de ocupados trabajan a tiempo parcial porque no encuentran empleo a tiempo completo) según los últimos datos de la EPA.

En este sentido, tanto la propuesta de CEOE como la subida del SMI un 8% y el aumento de las pensiones de solo el 0,25%, sin tener en cuenta el IPC, se quedan muy cortas para alcanzar estos objetivos. La política salarial de 2017 debe ser una pieza clave para solucionar las necesidades más acuciantes de la economía española, para aumentar la productividad y para garantizar que el crecimiento llega a las personas.

Estos datos ponen de manifiesto la realidad social de nuestro país, y cómo la economía crece, pero ese crecimiento no se refleja ni en los salarios ni en los empleos de los trabajadores.

Por ello, UGT rechaza la propuesta aprobada el pasado día 11 de enero por la Junta Directiva de la CEOE en materia salarial para 2017 porque supone condenar a los trabajadores y trabajadoras a perder poder adquisitivo en 2017, porque conocido el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, con una previsión de inflación entre el 1,1% y el 1,6%, plantear una subida entre el 0% y el 1,5% implica proponer que los trabajadores pierdan dinero.

UGT aboga por abandonar de una vez la moderación salarial y reclama aumentos salariales de entre el 1,8% y el 3% con el fin de fomentar el consumo y la inversión, compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores por las políticas aplicadas desde 2010, reducir las desigualdades y los niveles de pobreza y fomentar la creación de empleo estable y con derechos.