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UGT propone que parte de los beneficios empresariales se inviertan para evitar pérdida de empleos y salarios

La reconstrucción económica y social pasa por un mayor esfuerzo de los más beneficiados en la anterior crisis y por un sistema fiscal más justo

El reparto desigual del esfuerzo en la anterior crisis, por las políticas de austeridad impuestas, e incluso las diferencias durante la etapa de recuperación económica, hacen que la clase trabajadora y la empresarial salgan de distintas casillas de salida para afrontar la crisis provocada por el Covid-19. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar la reconstrucción económica y social de nuestro país.

De 2008 a 2019 las rentas empresariales han crecido 2,6 veces más que las salariales y los trabajadores y trabajadoras han perdido 2,3 puntos sobre la Renta Nacional en favor de las rentas de capital. Una brecha que se amplía aún más teniendo en cuenta los enormes beneficios obtenidos por las sociedades no financieras. Además, la renta disponible de los hogares sufrió la cuarta mayor caída de la UE (-2,7%) en el periodo de 2009 a 2018.

UGT propone que una parte de los beneficios y dividendos empresariales se destinen a la inversión para evitar la destrucción masiva de empleo y un nuevo hundimiento estructural de los salarios.

Defiende seguir impulsando el gasto para sostener el consumo de los hogares, y cambiar nuestro sistema fiscal, repartiendo la carga de manera más progresiva y creando nuevas figuras impositivas que graven más las grandes fortunas y el capital especulativo.

No todos partimos de las mismas condiciones para afrontar la crisis provocada por el Covid-19, porque en la crisis financiera de 2008, las políticas de austeridad impuestas, han castigado sobre todo a las personas trabajadoras, en especial a las más precarias y con salarios más bajos. Y la etapa de recuperación tampoco se ha comportado igual para todos, según un análisis realizado por UGT.

Así, el nuevo proceso de recuperación económica viene precedido por una década marcada por un trasvase notable de recursos de los asalariados hacia la clase empresarial, por lo que el margen y la capacidad de esfuerzo para afrontar esta crisis no es igual en unos y otros, siendo necesario una mayor implicación de los que salieron en mejores condiciones de la crisis anterior.

En una década, las rentas empresariales han crecido 2,6 veces más que las salariales

Los datos que aporta la Contabilidad Nacional sobre remuneración de asalariados y beneficios empresariales (incluyendo también las rentas obtenidas por los autónomos, denominadas rentas mixtas) reflejan la desigualdad en la evolución de ambos indicadores. De 2008 a 2019 los salarios crecieron apenas un 4,8% (26.307 millones de euros), mientras que los excedentes empresariales experimentaron una variación positiva de casi un 15% (69.802 millones de euros).

En los primeros años de la crisis anterior (de 2008 a 2013) los salarios funcionaron como variable de ajuste, recortándose la masa salarial bruta un 14%, mientras que los beneficios empresariales lo hicieron solo un 4,7%. En este periodo la destrucción de empleo y la política de recortes salariales propició que los trabajadores y trabajadoras perdiesen hasta 2,6 puntos porcentuales del PIB en beneficio de las empresas.

Pero es que además el periodo de recuperación, que se inicia en 2014, no ha llegado de la misma forma a trabajadores y empresarios. Mientras que el PIB creció a un ritmo promedio del 3,3% en el periodo 2013-2019, las personas trabajadoras solo aumentaron su cuota nacional en 0,3 puntos porcentuales. Los salarios no restablecieron el nivel previo a la crisis hasta el año 2018 a diferencia de los beneficios empresariales, que dos años antes, en 2016, ya superaban los niveles alcanzados en 2008.

Así, en el periodo completo de 2008 a 2019 los salarios han perdido hasta 2,3 puntos porcentuales de la Renta Nacional, pasando de representar un 53,3% a un 51%.

La brecha se amplía en las sociedades no financieras

Las diferencias son aún mayores teniendo en cuenta los beneficios de las sociedades no financieras de España, de las más voraces de toda la UE. Su remuneración salarial creció durante todo el periodo un 3,7%, en contraste con el aumento de sus beneficios del 16,6%. Sus beneficios en 2019 superan en 39.485 millones de euros los registrados en 2008; tres veces más que la mejora de los salarios (13.371 millones más).

Además, la caída de los salarios en el conjunto de la Renta es aún más acusada, pues perdieron 2,8 puntos porcentuales de la riqueza nacional entre 2008 y 2019.
Estas sociedades no financieras han seguido repartiendo cuantiosos dividendos incrementándose especialmente a partir de 2015. La etapa de 2015-2019 muestra un promedio de crecimiento anual del 8%. En 2019 registraron el nivel más elevado (con un porcentaje de beneficio de hasta el 17% respecto al año anterior) repartiéndose hasta 82.410 millones de euros, casi 20.000 millones más que en 2008.

Es decir, mientras la masa salarial de las sociedades no financieras sufrió un intenso recorte, los dividendos repartidos son hasta un 30% superiores a los que se distribuían antes de estallar la crisis económica de 2008.

El recorte salarial sirvió para liberar flujos de recursos que permitieron ampliar márgenes empresariales, devolver deuda adquirida en la época de la burbuja económica y repartir dividendos.

Por tanto, ante la emergencia social y en el escenario actual (donde muchas empresas se verán beneficiadas por la compra de activos del BCE y por la apertura de líneas de financiación con aval público) es preciso replantear una prohibición o limitación temporal en el reparto de dividendos, como un ejercicio más de responsabilidad colectiva y de eficiencia económica, primando la inversión.

Los trabajadores con sueldos más bajos, los más castigados

Como consecuencia de este reparto desigual en el esfuerzo para salir de la crisis anterior, nuestro país ha encabezado el cuarto puesto de la UE en donde más ha caído la renta disponible de los hogares (-2,7%) en el periodo de 2009 a 2018.

Pero es que, además, la crisis anterior y, sobre todo, las políticas de austeridad que se impusieron para combatirla, fueron especialmente duras con los trabajadores con peores empleos y con salarios más bajos, muchos de ellos de los servicios esenciales que hoy reciben un reconocimiento generalizado por su labor durante esta pandemia. Conviene recordar también la oposición de determinados grupos políticos y empresarios a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Pues bien, los trabajadores con menos ingresos sufrieron un recorte del 24% de sus salarios reales entre 2008 y 2013 y de un 14,4% si consideramos toda la década de 2008 a 2018. El 10% de la población con menores ingresos no ha conseguido recuperar los niveles salariales brutos obtenidos en 2008.

Además la brecha entre asalariados se ha incrementado: si 2008 las retribuciones de los trabajadores situados en el tramo salarial más alto era de 8,7 veces superior a la de los ubicados en el primer decil, los que perciben salarios más bajos, diez años después, en 2018, la proporción se ha incrementado hasta 10 veces.

Por tanto, hay que tener en cuenta todos estos datos, para afrontar esta crisis y pedir un mayor compromiso y asunción de costes a las empresas cuando se recupere la actividad, en especial a los grandes grupos y corporaciones.

Los dividendos deben contribuir a la recuperación

Así junto a las medidas de inyección de liquidez, las ayudas a las empresas y extensión de los ERTES, es necesario también reducir los márgenes de beneficios y limitar los dividendos repartidos para evitar la destrucción masiva de empleo y un nuevo hundimiento estructural de los salarios.

Es preciso, además, impulsar el gasto para sostener el consumo de los hogares, el principal motor de crecimiento.

Para financiar todas las medidas económicas que se están adoptando sería necesario transformar nuestro sistema fiscal, redistribuyendo la carga de manera más progresiva y creando nuevas figuras impositivas que graven más las grandes fortunas y el capital especulativo.

Asimismo, sería necesario una aportación extraordinaria por parte de las instituciones europeas para hacer frente a una crisis que os afecta a todos.