Es preciso acabar con la precariedad laboral

Los aumentos del salario por hora aún no se trasladan adecuadamente a las familias como consecuencia de la elevada precariedad laboral existente. Por ello es imprescindible retirar la reforma laboral de 2012, que incrementó la precariedad del empleo y desequilibró la negociación colectiva.

Y es necesario continuar con una política salarial adecuada, - para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo-, y recuperar la racionalidad en la contratación aumentando la estabilidad del empleo.

El Índice del Coste Laboral Armonizado (ICLA) del cuarto trimestre del año, publicado hoy por el INE, muestra un repunte de los costes laborales y salariales por hora trabajada (una vez corregidos de los efectos estacionales y de calendario), cuyos aumentos anuales pasan a ser del 3% y del 2,5%, respectivamente (frente al 2,5% y 2.1% en el trimestre anterior). En el conjunto de 2019 los aumentos medios han sido del 2,8% para el coste laboral total y del 2,5% para el componente estrictamente salarial, lo que supone en ambos casos los mayores incrementos desde 2008.

Estos datos confirman que 2019 ha sido el primer año que, en términos salariales, se ha comportado de manera coherente con lo que se espera de un período de expansión económica, tras años de devaluación salarial, que supuso una cuantiosa pérdida de poder de compra para el conjunto de la clase trabajadora. Así, teniendo en cuenta que el aumento medio del IPC en el pasado año fue del 0,7%, el aumento salario por hora en términos reales (descontado el aumento de los precios y, por tanto, la variación del poder de compra) fue de 1,8 puntos porcentuales.

En estos positivos resultados sin duda han influido el aumento del salario mínimo a 900 euros en 2019 y la aplicación en los convenios de los criterios salariales recogidos en el IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020, firmado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, que establece aumentos salariales por encima del 2% y la obligación de que las empresas fijaran salarios mínimos de convenio no inferiores a 1.000 euros en 2020. Todas estas medidas se han demostrado acertadas, puesto que van a contribuir a sostener la actividad económica y a reducir las desigualdades y los niveles de pobreza.

Sin embargo, estos aumentos del salario por hora no se trasladan adecuadamente aún a las familias como consecuencia de la elevada precariedad laboral existente, que hace que los trabajadores y las trabajadoras estén ocupados a lo largo del año un número de horas insuficiente para lograr un salario adecuado, por el efecto de dos circunstancias esencialmente: una desmesurada temporalidad del empleo, que genera una alta rotación en el mismo, alternando períodos de ocupación con otros de desempleo o inactividad; y un importante nivel de trabajo a jornada parcial de carácter involuntario, un fenómeno anómalo en el contexto de la Unión Europea, que reduce la capacidad de nuestra fuerza laboral y los ingresos de los hogares.

La mejora de los salarios es una condición indispensable para reforzar la demanda de bienes y servicios y, con ello, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, especialmente en un momento de incertidumbre como el actual, con la aplicación definitiva del Brexit y, sobre todo, el impacto económico del Coronavirus. Por eso, además de continuar con una política salarial adecuada (el aumento del SMI para 2020 y la continuación de los criterios del IV AENC para este año, último de su vigencia, deben ser garantía de ello), es imprescindible recuperar la racionalidad en la contratación de nuestro mercado laboral, aumentando la estabilidad del empleo, lo que pasa necesariamente por la retirada de la reforma laboral de 2012, que incrementó la precariedad del empleo y desequilibró la negociación colectiva.