UGT FICA exige al Gobierno que incremente las partidas presupuestarias destinadas al fomento del empleo agrario

La Federación lamenta que el Ejecutivo no aumente la partida asignada al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) desde el año 2011, a pesar de que el número de trabajadores incluidos en el censo agrario se ha incrementado, afectando aún más negativamente al reparto de los fondos

170322 fondo AEPSALa Federación de Industria,  Construcción y Agro de UGT ha exigido al Gobierno del Partido Popular que incrementa las partidas presupuestarias del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, los fondos dirigidos a desarrollar acciones del programa de fomento del empleo agrario que se reparten, mediante la asignación de los créditos disponibles para el año 2017, entre Andalucía, Extremadura y las zonas rurales deprimidas, entre las que se encuentran las de Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y el Plan Especial de Aragón. 

UGT FICA considera que el reparto del presupuesto presentado por el Gobierno a los sindicatos peca, una vez más, de insuficiente, ya que entre 2011 y 2016, los fondos han estado congelados en 216 millones de euros, una cantidad que no cubre las necesidades de los trabajadores agrarios, que vienen perdiendo año tras año capacidad adquisitiva mientras el censo de trabajadores aumenta, lo que repercute aún más negativamente en el reparto de estos fondos.

La Federación calcula que las próximas partidas presupuestarias del AEPSA deberían incrementarse en al menos un 6,5%, hasta alcanzar los 240 millones para este año, un aumento destinado a cubrir las pérdidas anuales del IPC acumulado desde el año 2011 hasta la actualidad (en tormo a 20 millones de euros), y a dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras que se han incorporado durante estos años al censo agrario y que se ven doblemente perjudicados por la congelación de la asignación presupuestaria. 

UGT FICA urge además a que se tenga en cuenta la necesidad de acometer el incremento del IPC perdido y la distribución de los fondos para desarrollar el programa de fomento de empleo agrario (PROFEA) en las Comunidades Autónomas afectadas.