El Gobierno tiene que intervenir ya ante el aumento abusivo del precio de la energía

La Unión General de Trabajadores considera que el Gobierno debería intervenir de manera inmediata ante la acelerada y abusiva subida del precio de la luz de los últimos días. La ola de frío que está instaurada en todo el país está produciendo un aumento inasumible de los precios para las familias de este país, por lo que el Ejecutivo debería hacer lo que hizo en 2013, cuando decidió intervenir los precios y suspender el mecanismo de subasta que había por aquel entonces.

El sindicato señala que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica es insuficiente, aunque lo considera un avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes en casos de pobreza extrema.

Muchas de las situaciones que se están produciendo tienen su origen en el incremento vertiginoso de la factura de la luz, por ello, es fundamental una reforma en profundidad del mercado eléctrico que establezca el precio de Kwh en función de su coste real de generación.

La situación no es nueva y pone en evidencia la pésima gestión realizada por el Gobierno durante los últimos años en materia energética, entre cuyas responsabilidades figura el diseño de un mercado energético que garantice el suministro, a precios asequibles, y en condiciones de máxima transparencia. Asimismo, y puesto que el precio de la energía y nuestra dependencia energética del exterior lleva perjudicando gravemente y desde hace años tanto a los consumidores domésticos como al sistema productivo, el Gobierno debería asumir sus propios errores en materia energética e iniciar de forma inmediata una reforma del mercado, que obligue a invertir buena parte de los beneficios a energías más baratas y limpias, de carácter autónomo que nos permita tener mayor independencia energética, y por tanto, un mayor control de los costes y precios, que redunde más favorablemente en los ciudadanos y en la industria.

Además, se debería revisar el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas (potencia contratada), para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

El sindicato defiende que es preciso reducir la fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente como el que debe contar nuestro país; recordando que, en el caso del suministro de agua, otro bien esencial, el IVA aplicado es del 10%.

Para UGT, el bono social se debería desarrollar por medio de una ley que establezca la garantía del acceso de toda la población a un suministro básico de electricidad, y que defina los destinatarios del mismo, es decir, qué se entiende por consumidor vulnerable, con criterios basados fundamentalmente en los ingresos y el número de miembros de las familias.

En este sentido, el sindicato propone el establecimiento de varios niveles de ayuda en estos bonos, en función de los referidos ingresos y del número de miembros de la unidad familiar, implantando varios tramos basados en estos criterios; que se eliminen las referencias a la potencia contratada al considerar que este parámetro carece de relevancia a estos efectos, así como a la tarifa a la que se encuentren acogidos los consumidores beneficiarios; y también se debería eliminar el requisito de familia numerosa porque tampoco discrimina situaciones de vulnerabilidad.

En definitiva, el criterio que debe prevalecer es el de las rentas e ingresos y se debería considerar como consumidores vulnerables y, por tanto, a aplicar el bono social, a todos los consumidores de electricidad cuya unidad familiar se encuentre por debajo de los niveles de renta que se definirán en función del IPREM que en la actualidad asciende a 7455,14 €/año (532,51 €/mes). Para el conjunto de los colectivos afectados, se eliminaría en la factura eléctrica el impuesto de la electricidad del 4,96% y se aplicaría el tipo súper reducido del 4% de IVA.