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21 de Mayo: jornada de lucha para exigir condiciones de trabajo dignas para el campo español

UGT FICA denuncia que hay provincias donde las empresas agrarias todavía no aplican el Salario Mínimo Interprofesional y urge a las patronales a que desbloqueen la negociación del I Convenio Estatal del Campo para poner freno a las desigualdades y homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores, sin tener en cuenta la provincia o Comunidad Autónoma en la que desarrollan su actividad laboral

 

190426 campana dignidad campo3Mañana martes, 21 de mayo, las federaciones sindicales UGT FICA y CCOO de Industria llevan a cabo una jornada de lucha enmarcada en la campaña de movilizaciones que iniciaron a finales de abril para exigir la dignificación de las condiciones laborales de los y las trabajadoras del campo, una campaña que va a continuar en el tiempo hasta que se dignifique al sector. Resulta cuando menos escandaloso que en pleno siglo XXI existan todavía patronales agrarias que se niegan a aplicar a sus trabajadores y trabajadoras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado por el Gobierno para este 2019, cuando son estos trabajadores y trabajadoras quienes soportan las condiciones laborales más duras y adversas de toda la actividad productiva del país, además de tener salarios bajos y un marco de relaciones laborales obsoleto.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, junto a CCOO de Industria, viene denunciado que, a fecha de 19 de mayo, las patronales del campo de las provincias de Almería, Alicante, Córdoba, Huelva, Lleida, Murcia, Tenerife y Zaragoza siguen incumpliendo el Real Decreto-ley que fija el SMI de este año al negarse a actualizar los salarios de sus trabajadores e impedir de esta forma que ningún trabajador agrario cobre menos de 12.600€ al año. 

Resulta intolerable que algunas patronales agrarias estén hurtando a los trabajadores el legítimo derecho a la actualización de sus salarios amparándose primero en la interpretación de la norma, desmontada por numerosos informes jurídicos, y cuando este recurso les falla, apelando a la mediación de las partes, que tampoco aceptan cuando los dictámenes respaldan las tesis sindicales.

190426 campana dignidad campoLos sindicatos no vamos a permitir la alta precariedad que sufren estos trabajadores ni que el crecimiento económico y la rentabilidad del sector agrario siga excluyendo a quienes menos tienen y se siga concentrando en unas pocas manos. Es necesario que los trabajadores puedan beneficiarse de una mejor redistribución de la riqueza generada con su esfuerzo.

Lejos de apostar por mejorar las condiciones de trabajo y la calidad y estabilidad del empleo, los empresarios optan por recurrir a la contratación en origen, de manera injustificada y abusiva en muchos casos, ya que se trata de un colectivo muy vulnerable.

En el mercado de trabajo agrario se observa, además, que las personas trabajadoras autóctonas salen del sector, dejan los empleos menos cualificados y los ocupan personas trabajadoras inmigrantes. Este proceso se ha acelerado durante los últimos meses y está agudizando el fenómeno del despoblamiento en la España vaciada. Las personas asalariadas se marchan del campo en la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo.

Por un Convenio Estatal del Campo
Hay que recordar que las condiciones laborales del sector agropecuario se regulan en más de sesenta convenios colectivos. La mayoría son provinciales, de comunidad autónoma o de región. Desafortunadamente, todavía no existe un Convenio Estatal del Campo que homogeneice las condiciones laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras del país y evite la competencia desleal. Ello es consecuencia que la patronal CEOE (ASAJA, FEPEX y el Comité de Gestión Cítricos) decidiera paralizar la negociación tras la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, 12.600 euros anuales. Hasta ese momento la negociación se desarrollaba con una lentitud asombrosa.

Junto al incumplimiento de la aplicación del SMI en los convenios agropecuarios por parte de algunas patronales provinciales, se dan también algunos casos en los que solo se aplica correctamente a las personas fijas y fijas discontinuas. Las temporeras, los temporeros y las personas eventuales, que son la inmensa mayoría, no se benefician de la subida.

Además, se produce un incumplimiento sistemático de los convenios colectivos, un fraude que se perpetúa en la contratación y en la declaración de las jornadas reales a la Seguridad Social Agraria. Se la debe integrar sin más demoras en el Régimen General, para acabar con un fraude que merma de manera notable sus ingresos.

Con estas movilizaciones, UGT FICA y CCOO de Industria quieren poner en la agenda de los partidos políticos, del nuevo Gobierno que se conforme en próximas fechas y de los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas, la situación de precariedad inadmisible en la que trabajan más de un millón de asalariados por cuenta ajena del campo. Es necesario dignificar el campo español.

Por ello, ambas federaciones sindicales exigen, entre otras, las siguientes reivindicaciones: 

– Desbloqueo de la negociación colectiva y del I Convenio Estatal del Campo. 
– Empleo estable y de calidad. Conversión del contrato temporal en fijo-discontinuo.

– Salarios mínimos dignos: 900 euros/mes en 2019 y 1.000 euros en 2020.
–  Contrato laboral siempre por escrito.
– Reducir el número de trabajadores necesario para poder negociar planes de igualdad en las empresas.
– Protocolos contra el acoso sexual por razón de sexo.
– Altas y bajas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS) al inicio y a la finalización de la actividad laboral, tal y como ocurre en el Régimen General.
– Declaración de todas las jornadas reales trabajadas en el SEASS.
– Prestaciones asistenciales por desempleo para todos los trabajadores del campo.
– Actuación decidida de la Inspección de Trabajo en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para atajar el fraude y evitar atentados contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

– Acceso seguro a las fincas para garantizar el asesoramiento sindical y laboral.
– Formación Profesional para el Empleo.

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