UGT FICA ratifica su apoyo a Energía contra el cierre de las centrales térmicas

Exigimos firmeza frente a los intentos de las grandes empresas de imponer sus criterios en la política energética

Las conclusiones del informe que ha hecho público Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia respecto al real decreto sobre las centrales térmicas en el que está trabajando el Gobierno, aparte de previsibles, suponen un claro alegato contra el interés común. La institución consultiva enfoca el asunto desde unas perspectivas totalmente mercantilistas, sin tomar en cuenta que la gestión de la energía, más allá de ser un producto de consumo, tiene repercusiones sociales que inciden directamente en el estado del bienestar del país.

D180125 central termicaesde UGT FICA rechazamos los intentos de intromisión de las grandes empresas eléctricas y de la CNMC en la política energética de nuestro país. La Energía ha de ser gestionada desde la perspectiva del interés común, garantizando el acceso de todos, el suministro a las empresas, hogares e industrias, y velando por abaratar las tarifas.

Consideramos que es labor del Gobierno defender los intereses públicos y garantizar la cobertura de las necesidades energéticas de los ciudadanos y empresas y no dejarlo en manos de las empresas, cuyo principal interés es la rentabilidad económica. Por ello, el Ministerio de Energía ha de mantenerse firme en sus planteamientos y sacar adelante el real decreto para evitar riesgos innecesarios a empresas y usuarios en materia de suministro.

Por ello queremos ratificar nuestro apoyo al ministro Nadal en esta cuestión, y le exigimos firmeza en la defensa del interés público, que necesariamente pasa por mantener la totalidad de las centrales térmicas para garantizar el suministro eléctrico.

Asimismo, desde UGT FICA nos ratificamos en que es urgente diseñar y consensuar un Pacto de Estado por la Energía que establezca un sistema energético de futuro, configurado para garantizar el abastecimiento y la máxima independencia energética. Un plan fruto del diálogo, que ha de tener como objetivo la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para permitir a las empresas planificar su política de inversiones y garantizar un suministro fiable con un mix en el que tengan cabida todas las fuentes de energía.