El sector minero de UGT FICA defiende el mantenimiento de las centrales que utilicen carbón autóctono

Propuestas de la Federación para mantener las centrales y la minería de carbón

160908 comision carbonLa Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha dado respuesta a la consulta pública del MINETAD sobre cierres de las instalaciones eléctricas con argumentos sólidos y con propuestas adicionales que dén continuidad al sector de la minería del carbón y a las centrales eléctricas.

La presente consulta (al no haber texto no se pueden hacer alegaciones, sino simplemente contestar a las preguntas de la consulta para configurar el RD) tiene, entre otros objetivos, recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada. Se pretende, en primer lugar, abordar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional y dotarse de los instrumentos adecuados para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia.

CONTESTACIÓN DEL SECTOR MINERO DE UGT FICA A LAS PREGUNTAS:              

1. ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad de suministro, cambio climático e impacto en el precio?

Evidentemente resulta imprescindible mantener operativa la central en las circunstancias señaladas en la pregunta.

Con ello no se hace otra cosa que dar cumplimiento a la legislación vigente, especialmente dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

La norma ha de establecer una serie de principios de aplicación:

  • -Las instalaciones de generación que conforme a la legalidad hayan alcanzado su vida útil, han de recibir autorización de cierre,

  • -Se considerarán centrales que deben mantenerse operativas, por motivos de seguridad de suministro, cambio climático e impacto en el precio, aquellas cuyos titulares hayan recibido retribuciones asociadas a mecanismos de capacidad y las que hayan disfrutado de un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de determinadas fuentes de energía (artículos 13 y 14 de la Ley 24/2013 o 16 de la Ley 54/1997). Así mismo, se considerarán centrales que ponen en riesgo la seguridad de suministro y deben mantenerse operativas las necesarias para conseguir el funcionamiento de unidades de producción de energía eléctrica que utilicen o puedan utilizar fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta un límite del 15 por ciento de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en períodos anuales.

  • -En el resto de casos de solicitud de cierre, el correspondiente expediente administrativo deberá incluir un periodo de información pública sobre las afecciones del posible cierre y deberá contar con informe del operador del sistema en el que se consignarán los efectos del cierre sobre la seguridad de suministro y un pronunciamiento motivado de la posibilidad de cierre sin poner en riesgo la seguridad de suministro.

 2. ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Simplemente dar cumplimiento a la legislación vigente. Denegando la autorización de cierre en aplicación del artículo 103.1 de la Constitución y artículo 3.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

Los productores de energía eléctrica tienen la obligación de desarrollar las actividades necesarias para producir energía eléctrica en los términos previstos en su autorización; manteniendo la disponibilidad y potencia instalada, presentando ofertas de venta de energía eléctricas al operador (artículo 26 y concordantes de la Ley 24/2013).

Los propietarios de una central que pretendan su autorización de cierre, deberán mantenerla operativa en las condiciones establecidas en la Ley 24/2013 y el incumplimiento de esta obligación ha de ser sancionado conforme a lo establecido en el artículo 63 y siguientes, de la citada Ley. A este respecto el futuro Real Decreto deberá incluir procedimientos ágiles y eficientes para aplicación de sanciones en el caso de que se produzcan circunstancias señaladas en los apartados 15, 16, 37 y 39 del artículo 64 de la Ley 24/2013; eficacia que ha de incluir la reiteración de las sanciones cuando se da reiteración en los comportamientos sancionables.

En todo caso y con independencia de que exista o no petición de autorización de cierre, el futuro Real Decreto ha de garantizar la eficacia en la aplicación del procedimiento sancionador en el caso de que se produzcan circunstancias señaladas en los apartados 15, 16, 37 y 39 del artículo 64 de la Ley 24/2013.

Con independencia de otras circunstancias en las que el Gobierno decida acordar la operación directa de las instalaciones de generación, el futuro Real Decreto ha de disponer y preparar los medios para que la reiteración de infracciones que pongan en riesgo la prestación del suministro eléctrico, entre las que se considerarán incluidas las señaladas, dé lugar a que el Gobierno acuerde la operación directa de las instalaciones de generación afectadas.

Este acuerdo incluirá el inicio de expediente de expropiación forzosa por incumplimiento de las condiciones de la autorización.

En la fijación del justiprecio se deberá tener en cuenta que la causa de la expropiación se encuentra en el incumplimiento, por el expropiado, de disposiciones legales. Por esta razón el justiprecio acordado no deberá superar la inversión no amortizada, minorada en los gastos que debería asumir el expropiado como consecuencia del cese de actividad, entre los que se encuentran los gastos de desmantelamiento a que daría lugar.

 ALGUNAS PROPUESTAS DE UGT FICA QUE AYUDARÍAN A MANTENER LAS CENTRALES
Y LA MINERÍA DE CARBÓN AUTÓCTONO EN FUNCIONAMIENTO

 El 1 de enero de 2015 finalizó la vigencia del Real Decreto 134/2010 (modificado por el RD 1221/2010, ambos adjuntos), que establecía el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, y que también establecía un mecanismo de despacho preferente para ciertas centrales que utilizaban carbón autóctono en su mix de combustibles, por razones de seguridad de suministro energético, y basado en el artículo 25 de la Ley del Sector (el mismo tanto en la Ley 54/1997, como en la Ley 24/2013), a su vez originado por el artículo 15.4 de la vigente Directiva de Mercado Interior de la Electricidad.

Este mecanismo suponía una obligación de servicio público para las centrales incluidas en el mismo, que a su vez tenía una compensación. Esa compensación, que supone una ayuda de Estado, se autorizó por la Comisión Europea (por decisión de 29/09/2010 sobre la ayuda de Estado N178-2010 España).

En el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018, uno de sus compromisos a cumplir por el Gobierno es la sustitución del procedimiento mencionado de restricciones por garantía de suministro, por otro procedimiento que garantice la participación del 7,5% del carbón nacional en el mix de generación eléctrica, medido en términos anuales. Por lo que, si las ayudas indirectas a través de Obligaciones de Servicio Público son compatibles con el derecho comunitario y pueden aplicarse, lógicamente con condiciones, ahora y después de 2018, aquí tenemos una de las posibles soluciones.

Tras constatarlo con las empresas propietarias de las centrales térmicas, creemos desde UGT FICA que la única posibilidad de cumplir, al menos en parte, el compromiso del Marco 2013-2018 citado, sería establecer una nueva obligación de servicio público similar a la ligada al RD 134/2010, y más aún en el marco de ausencia de ayudas desde 2018, por lo que se trata de una alternativa a analizar y a negociar con la Comisión Europea, ya que la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad no se ha modificado, y sigue contemplado los mecanismos de despacho preferente para los combustibles fósiles autóctonos.

Además, visto el caso de ayudas N 178-10 de 2010 sobre la electricidad generada con combustibles autóctonos, España puede introducir una OSP que no implique ayudas de Estado. La solución es disponer una Orden o RD que cumpla las cuatro condiciones del caso Altmark (ver la N 178-10). En ese caso, la OSP no sería ayuda de Estado y no haría falta ni notificarla. Este tema es muy importante para que las empresas eléctricas decidan invertir o no en de-NOx

Por otra parte, en la anterior legislatura el MINETUR comenzó la tramitación de un procedimiento vinculado al mecanismo de pagos por capacidad de generación, ideado para condicionar una ayuda a las inversiones de las eléctricas en adaptación de las centrales térmicas a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales a la compra de carbón autóctono. Sin embargo, el procedimiento no ha avanzado, y sigue siendo en la actualidad aún más necesario .

Además España tiene que oponerse en las negociaciones en el Consejo del llamado Paquete de Invierno (publicado el 10/11/2016), a que se elimine el artículo relativo al famoso 15% en la revisión de la directiva sobre el mercado interior de la electricidad.

En el caso de las centrales térmicas, por ejemplo, no tiene sentido que se cierre Compostilla (1.000 MW) y al mismo tiempo subastar 3.000 MW de renovables, que producirá menos que Compostilla, será más caro y que se parará en los días de anticiclón.

En relación a la propuesta de revisión de la directivas y reglamentos sobre la electricidad, España debe oponerse a la eliminación de las OSP de la Directiva (EU) 2009/71, por razón de seguridad de aprovisionamiento y al artículo que establecía, en base a esta OSP, la posibilidad de dar preferencia a la electricidad con hasta el 15% de combustibles autóctonos. Esto sería dar la última puntilla para quitar cualquier contribución del carbón autóctono a la generación autóctona.

Es importante recordar que según el Art 194 del TFUE España es soberana en la explotación de sus recursos energéticos y en la elección de su “mix” energético.

Según esto, la UE no impondrá objetivos nacionales de renovables, ni de eficiencia energética, ni reducción de CO2 para 2030. Los objetivos serán a nivel de la UE.

España debe preservar su independencia en sus decisiones energéticas.

También sería conveniente, tal como reclaman las empresas del sector eléctrico y minero y propone el propio presidente de REE, repensar el impuesto del 7% sobre la energía generada. Más bien, en vez de repensar, anularlo ya que la causa que según el gobierno por la que fue creado, según el mismo gobierno, ahora ya no existe: LA CRISIS.

Y otra solución para este sector seria la aplicación de un IVA superreducido.

De no salir esto adelante o de seguir en la situación actual tendrán que explicarnos por qué se niegan las compañías eléctricas a comprar y quemar carbón autóctono y por qué en sus Centrales queman el carbón de importación en cerca de un 80 %, obviando el carbón nacional aun siendo más barato, por cuestiones de seguridad de abastecimiento y por cuestiones sociales y territoriales, y cuando el OMIE, que es un organismo del Ministerio de Industria, ahora de Energía, así lo aconsejaba, entre otras cosas, también por ahorro económico.

Ejemplos: mientras la central térmica de Lada quema importación sin parar, la central de Guardo está parada; o mientras la central de As Pontes quema a saco, la de Compostilla todo lo contrario, aunque sale más caro el importado que el nacional.

Y más cuando la importación de la energía en este país impulsó un déficit comercial del 41% y eso sin contar CASTOR, los 7000m a renovables etc…